Promotora de amparo no aparece
María Guadalupe Culajay Pérez de Ajbatz, supuesta beneficiaria de Mi Familia Progresa (Mifapro), no fue ubicada en Sajcavilla, San Juan Sacatepéquez, cuando la justicia intentó enviarle la notificación.
El notificador asignado para entregar la resolución del Juzgado Sexto del ramo Civil intentó, sin éxito, localizar a la supuesta interponente de uno de los 10 amparos contra la diputada Nineth Montenegro, para evitar que se publiquen sus datos.
El empleado judicial buscó a la persona e incluso pidió apoyo de vecinos y la alcaldía auxiliar de la localidad, pero le dijeron que no la conocen, por lo cual no fue posible entregarle la notificación en la que se consigna que su petición fue denegada.
En el memorial presentado por el abogado Francisco Javier González Corado señala que la mujer se siente “amenazada por la publicación y utilización de sus datos personales”.
Este profesional presentó varias acciones similares en otros juzgados, con el nombre de otras presuntas beneficiarias.
Culajay se registró con la cédula A-1 7170 y firmó supuestamente el convenio de corresponsabilidad con Mifapro en el 2009.
Montenegro también duda de la existencia de la promotora del amparo.
La diputada añadió que es víctima de ataques intimidatorios, uno de los cuales pretende que su partido político sea cerrado.
Luego de que recibió la información de Mifapro, el viernes último, aparecieron mantas y pintas con su nombre y el símbolo de su partido, para disfrazar una campaña anticipada.
Diario Prensa Libre, por claudia acuña y Leonardo Cereser.
Es un desgaste innecesario
Luis F. Linares López llinares@sigloxxi.com
Si el Gobierno tuviera un genuino compromiso con la transparencia, no debió dejar la opción de que los datos fueran confidenciales.
Una cualidad esencial de toda democracia moderna y funcional es la transparencia. Es por un lado obligación de los administradores de los asuntos públicos, por cuanto a que no solamente deben ser honrados, sino que deben demostrarlo. Por el otro, es un derecho de los ciudadanos, en la medida que les facilita controlar la forma cómo se manejan esos asuntos y tener certeza de que el manejo es correcto. Por ello, especialmente cuando hay mandatos legales de por medio, la transparencia no puede ser algo que quede librado a la buena voluntad de los administradores. Y es también indispensable que la transparencia sea la regla y que los casos de excepción se den únicamente por razones de interés general, como cuando está en juego la seguridad nacional.
Otra cualidad esencial de la democracia es el sistema de pesos y contrapesos para reducir, tanto como sea posible, el ejercicio abusivo o arbitrario del poder. Así como el Organismo Ejecutivo está facultado para ejercer cierto control sobre la actividad legislativa, por ejemplo mediante el veto a la aprobación de una ley, así también el Congreso en su conjunto, y los diputados en lo individual, tienen el derecho y la obligación de ejercer control sobre la actividad del Organismo Ejecutivo y se les deben dar todas las facilidades para que cumplan con esa obligación.
Casi desde que nació Mi Familia Progresa, el Gobierno ha tratado, con una perseverancia digna de mejor causa, de sustraer del control ciudadano y del control de parlamentarios, e incluso de la Contraloría General de Cuentas, que por ley debe fiscalizar el uso de cualquier recurso público, los datos de los beneficiarios del programa, haciendo uso de todo tipo de subterfugios y cayendo en un desgaste inútil e innecesario.
El primer pretexto ha sido el de la confidencialidad de los datos de los beneficiarios que recoge el Instituto Nacional de Estadística. Si el Gobierno tuviera un genuino compromiso con la transparencia, lo que debió hacer es no dejar a los beneficiarios de las transferencias la opción de que sus datos fueran confidenciales. Si una persona desea recibir fondos públicos debe aceptar que sus datos sean públicos. Si no quiere que sean públicos, pues simplemente no se le entregan. Algo así como un contrato de adhesión: lo toma o lo deja.
Ante la perseverancia, digna del mayor de los elogios y de reconocimiento por parte de la ciudadanía de la diputada Nineth Montenegro, quien está realmente cumpliendo con su deber de controlar el ejercicio del poder, el Gobierno continuó haciendo uso de toda clase de pretextos y maniobras dilatorias, incluyendo el absurdo de pretender que el secreto bancario se extendiera a los beneficiaros de Mifapro, en su calidad de cuentahabientes, llegando al extremo de sacrificar de manera también inútil e innecesaria a un ministro que es considerado un experto en temas educativos, logrando también que el Ministerio de Educación quedara virtualmente paralizado, lo que tiene y tendrá serias implicaciones en su funcionamiento.
Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad ha dado un nuevo ejemplo de cómo la justicia debe ser pronta y cumplida que, como bien dijo la diputada Montenegro, permite renovar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Es hora de que el Gobierno recapacite y comprenda que, con actitudes como las que se han mantenido, alientan la impunidad, pierden autoridad moral y dañan seriamente las relaciones de confianza que deben privar entre gobernantes y gobernados.
Siglo XXI
